OPOSITORES APROBADOS DE BUENA FE (I): CONSERVACIÓN DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS

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OPOSITORES APROBADOS DE BUENA FE (I): CONSERVACIÓN DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS.(41/2015)

11/05/2015

Etiquetas: OPOSICIONES – APROBADOS DE BUENA FE – PERSONAL – TRIBUNAL SUPREMO – JURISPRUDENCIA – DERECHO ADMINISTRATIVO

En los procesos selectivos de ingreso en la función pública, a veces, de forma excepcional, pero no poco habitual; se comenten irregularidades e ilegalidades que dan lugar a la nulidad de las oposiciones u otros procesos selectivos. Esto da pie, generalmente, a que los opositores suspendidos recurran ante la jurisdicción contenciosa solicitando la nulidad del procedimiento, originando un clima de incertidumbre sobre aquellos opositores, aprobados de buena fe.

Estas  irregularidades no siempre traen consigo idénticas consecuencias, sino que el tratamiento jurisprudencial es heterogéneo y cambiante según el tipo de convocatoria, plazas convocadas, plazas cubiertas… así, por ejemplo, en los supuestos en los que sólo se ofrece un cargo concreto, la estimación del recurso obliga a  desposeer de su cargo al anterior aprobado (Sentencia del TSJ de Castilla y León de fecha 26 de diciembre de 2012 nº 02218/2012 (1).

Sin embargo, el supuesto más frecuente, es aquel en el que son multitud las plazas que se ofrecen, por lo que este tipo de situaciones, suele traer consigo la colisión de derechos entre los aprobados de buena fe y los terceros no aprobados, y entre estos últimos, quienes deciden recurrir y quiénes no. La situación de los opositores recurrentes ante una sentencia estimatoria y anulatoria del procedimiento, parece clara y previsible, pero ¿Qué sucede con los aprobados de buena fe? ¿Deben sufrir las consecuencias de la actividad irregular de la Administración?

“¿Qué sucede con los aprobados de buena fe?”

La Sentencia del Tribunal Supremo del 18 de enero del 2012 (nº rec. 1073/2009) (2), es una de las primeras sentencias en abordar directamente esta cuestión (3). En este supuesto, los recurrentes solicitaron que se les declarase aptos en un ejercicio para el cual se fijaron, con posterioridad a su celebración, tanto la nota de corte como las variables de corrección. La Sala estima sus pretensiones recordando que, los procesos selectivos deben estar tutelados por los principios de igualdad, publicidad, transparencia y objetividad. Pese a ello, dedica su Fundamento de Derecho quinto a los aprobados de buena fe en los siguientes términos:

Que en lo posible debe respetarse el derecho de los aspirantes ya aprobados actuantes de buena feque no tienen por qué sufrir las consecuencias de unas irregularidades que no les son imputables”.

Este párrafo reconoce, en pocas palabras, la posibilidad de que los opositores aprobados de buena fe puedan mantener su statu quo ante una sentencia que reconoce los derechos que asisten, en los procesos selectivos, a todos los opositores. No obstante, establece el siguiente matiz:

“Consiguientemente, la estimación tiene que ser para que se declare aptos a los recurrentes en el segundo ejercicio y se les convoque a la prueba médica; y para que si el resultado de esta última arroja para ellos la calificación de aptos, se les otorgue la calificación final de la oposición que les corresponda según la suma de las puntuaciones del primer ejercicio en los términos que establecen las bases de la convocatoria y, en su caso, si por su puntuación les corresponde, sean incluidos en la relación definitiva de aspirantes que han aprobado la oposición en el lugar que les corresponda.”

Por tanto,  sólo reconoce los efectos de la sentencia a los recurrentes, y no al resto de opositores suspendidos en el ejercicio impugnado, por consentir y no impugnar el resultado de la prueba (no obstante, dedicaremos una entrada a tratar in extenso esta cuestión).

La misma Sala, en Sentencia de 21 de diciembre de 2011 (4),ya había contemplado“ que en lo posible debe respetarse el derecho de los aspirantes ya aprobados actuantes de buena fe, que no tienen por qué sufrir las consecuencias de unas irregularidades que no les son imputables”, lo que nos invita a pensar, que estamos ante la creación de un nuevo criterio jurisprudencial que sale en favor, tanto de los aprobados de buena fe, como de aquellos opositores que han suspendido (y recurrido), un procedimiento viciado.

La aplicación de este criterio jurisprudencial, resulta efectiva en aquellos supuestos en los que no se han cubierto todas las plazas convocadas, pero… ¿Qué sucede cuando, como resultado de una sentencia estimatoria, el número de aprobados sea superior al número de plazas convocadas?

“¿Qué sucede cuando el número de aprobados es superior al número de plazas convocadas?”

De suerte para los ya aprobados (de buena fe), la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 29 septiembre 2014 (Rec. 2428/2013) (4), de forma mucho más completa que la anterior, ya que no sólo reconoce que los aprobados de buena fe no tienen por qué soportar las consecuencias de la actuación irregular de la Administración, sino que además establece que la prohibición a los tribunales calificadores de proponer como aprobados un número mayor que el que figura en la convocatoria, no condiciona los efectos de las sentencias que revisan procesos selectivos.

La sentencia en instancia, apreciando infracciones en el procedimiento, obligaba a la retroacción de actuaciones al momento de hacer pública, por el tribunal calificador, la lista de quienes superaron el segundo ejercicio de la oposición, contemplando lo que parece ser ya doctrina jurisprudencial:

“debe respetarse el derecho de los aspirantes ya aprobados, actuantes de buena fe pues no tenían por qué sufrir las consecuencias de unas irregularidades que no les eran imputables”.

En cumplimiento de la sentencia, la Administración convocante realiza una nueva lista de aprobados, excluyendo a dos personas que habían aprobado en un principio y que en el momento de la sentencia,  llevaban varios años trabajando en el puesto, por lo que incoaron incidente de ejecución de sentencia. El Auto que resolvió el mismo, dando la razón a las aprobadas de buena fe, apelando a los principios de buena fe, confianza legítima seguridad jurídica. La Administración convocante, no conforme, recurre el Auto en Casación, del cual es fruto ésta sentencia.

“Debe respetarse el derecho de los aspirantes ya aprobados, actuantes de buena fe, pues no tenían por qué sufrir las consecuencias de unas irregularidades que no les eran imputables”.

La sentencia alude al transcurso del tiempo y la confianza legítima y concluye que:

La retroacción de actuaciones en el procedimiento selectivo consecuencia de la anulación decretada en una sentenciano tendría por qué afectar negativamente, al menos en principio, a quienes desde el primer momento fueron incluidos en la primera lista de aprobados y nombrados como funcionarios de carrera, actos que quedaron invalidados por el pronunciamiento de la sentencia y que tendrán que ser sustituidos por otros de análoga clase y significación”.

Además, reitera el contenido del auto que obligaba a mantener en su puesto a  las ya aprobadas:

Es decir las que llevaron a que aspirantes a los que se les reconoció haber superado el proceso selectivo y se les nombró personal estatutario fijo, años después, a causa del proceder contrario a las bases del tribunal calificador apreciado judicialmente, se vieran en la tesitura de verse privados de esa condición sin que mediara responsabilidad alguna por su parte.”

En conclusión, todo apunta a que el Tribunal Supremo ha decidido reconocer que aquellas personas que han superado las pruebas selectivas de una oposición que ha sido declarada nula mediante sentencia, no deben ser “víctimas” de las malas prácticas de las que a veces peca la Administración convocante, ya que a ellos les asisten, además de los principios generales que rigen los procesos selectivos, los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica.

En las siguientes entradas que vamos a dedicar a este tema, analizaremos los efectos en ejecución de sentencia de este tipo de fallos: cómo deben ejecutarse por la Administración y a quiénes deben extenderse sus efectos.

NOTAS:

 

[1]http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6620797&links=%222218/2012%22&optimize=20130205&publicinterface=true

[2]http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6247497&links=%221073/2009%22&optimize=20120127&publicinterface=true

[3]Comentada en detalle en el blog de José Ramón Cháves: http://contencioso.es/2012/02/02/el-tribunal-supremo-respalda-a-los-aprobados-de-buena-fe-en-una-oposicion-anulada/

[4]http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7198054&links=&optimize=20141029&publicinterface=true

 

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Máximo Luis Barrientos Fernández

Abogado y socio fundador del despacho de abogados de León BGYC Abogados.

 

Patricia Cascallana Jaular

Licenciada en Derecho.

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