OPOSITORES APROBADOS DE BUENA FE (II): CONSECUENCIAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA

 In Blog

OPOSITORES APROBADOS DE BUENA FE (II): CONSECUENCIAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. (42/2015).

08/06/2015

Etiquetas:OPOSICIONES – APROBADOS DE BUENA FE – EJECUCIÓN DE SENTENCIA – TRIBUNAL SUPREMO – JURISPRUDENCIA – DERECHO ADMINISTRATIVO

 

En nuestra anterior entrada, expusimos la reciente postura jurisprudencial sobre la situación de los opositores, aprobados de buena fe, a raíz de la fundamentación jurídica que ofrecía la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 septiembre 2014 (Rec. 2428/2013) (1) , que además de reconocer el deber de la Administración de mantener, “en la medida de lo posible”, a los aprobados de buena fe; desarrolla el criterio establecido en la Sentencia de la misma sala de fecha 16 de octubre de 2009, según la cual, la prohibición a los tribunales calificadores de proponer como aprobados un número mayor que el que figura en la convocatoria no condiciona los efectos de las sentencias que revisan procesos selectivos, en especial cuando hay una importante dilación temporal.

 

“La prohibición a los tribunales calificadores de proponer como aprobados un número mayor que el que figura en la convocatoria no condiciona los efectos de las sentencias que revisan procesos selectivos”

 

La expresa mención que hace la sentencia sobre este extremo, se justifica por la alusión que la Administración hizo sobre el límite de plazas y la falta de dotación presupuestaria para incluir también a las aprobadas de buena fe, en la lista contenida en el acto recurrido y anulado. En este sentido, el Alto Tribunal ha entendido que el límite de plazas no debe suponer un límite a la hora de cumplir el contenido de la sentencia:

 

En efecto, volviendo sobre el límite de plazas ofertadas, dice que carece del valor que le daba la Administración porque su fundamento son las disponibilidades presupuestarias para un ejercicio que no están ya vigentes en otro distinto y porque la Administración debió contemplar la posibilidad de un mayor crédito presupuestario para los siguientes, pues el cumplimiento de la sentencia llevaba a que, como consecuencia de la aplicación de las bases, aspirantes inicialmente no aprobados vieran reconocido su derecho a figurar entre quienes superaron el proceso selectivo, por lo que se debió esperar un mayor gasto. Además, señalaba que los condicionantes del presupuesto no impiden la ejecución de una sentencia según el artículo 106.1, segundo inciso, de la Ley de la Jurisdicción (RCL 1998, 1741) y que lo decisivo era la disponibilidad de puestos adscritos a la categoría profesional, circunstancia que, frente al silencio de la Administración, constaba a la Sala de instancia a la vista del “considerable número de personal temporal que actualmente ocupa aquellos”.

 

Ya, en su sentencia de 11 de mayo de 2009 (2) , la Sala contempló esta posibilidad en el Fundamento de Derecho décimo:

 

En efecto, aun cuando es cierto que a los Tribunales Calificadores se les prohíbe proponer como aprobados un número mayor de candidatos que el que figura en la convocatoria, esa prohibición no condiciona los efectos de las sentencias que revisan, como en el presente caso, con una importante dilación temporal, los procesos selectivos […]

 

Pero no es hasta esta la sentencia de septiembre de 2014,  cuando se une al criterio de seguir manteniendo en su puesto a los aprobados de buena fe, dándole así mayor fuerza y virtualidad.

 

La Sentencia de 17 de junio de 2014 (3), en un supuesto similar; establece el mismo criterio sobre la creación de plazas por la jurisdicción al contener en el fallo la posibilidad de mantener a los ya aprobados de buena fe, si bien, no lo hace de forma tan extensa. Recuerda el contenido del Auto recurrido en casación que contempla:

 

La competencia para aprobar la Oferta de Empleo Público no corresponde a los Tribunales de Justicia, sino a la Administración, y así se contiene en las normas enumeradas como infringidas. Es la Administración, por tanto, la que, atendiendo a .las necesidades que también valora, establece los medios personales con los que ha de contar, aprobando el número de plazas a ofertar en los procesos selectivos y dotando presupuestaria mente tales plazas al efecto. Tal potestad no está, ni puede estar atribuida a los Tribunales de Justicia; y permitir que ganen firmeza pronunciamientos como el transcrito, constituye un flagrante atentado al principio de división o separación de poderes, consagrado constitucionalmente, además de producirse una clara extralimitación, no solo respecto de lo ejecutoriado, sino también respecto de las funciones encomendadas por nuestra Constitución (RCL 1978, 2836) al poder judicial, en el art. 117.

 

Por supuesto, tampoco corresponde a los Tribunales de Justicia valorar el considerable número de personal temporal que ocupa puestos vacantes, y menos aún si lo hace en referencia a otro tipo de personal (estatutario fijo) y en otra categoría muy diferente a la ahora analizada, para, a continuación, establecer una inversión de la carga de la prueba que en modo alguno procede imponer a la Administración.

 

La Sala nos dice que, la Administración no puede dejar de ejecutar la Sentencia en los términos previstos, sino que debe disponer de todos los medios posibles para garantizar los derechos de todos los opositores, por lo que falla:

 

“Y en cuanto a la alegación referida a la creación de plazas por el Tribunal tampoco es alegación aceptable, pues no hay directa creación de plazas por la Jurisdicción; será, en su caso, la Administración la que tendría que ejercitar la facultad que al respecto le corresponde para el obligado cumplimiento de una resolución judicial firme (art. 118 CE (RCL 1978, 2836)) dictada como consecuencia de una previa actuación no conforme a Derecho de la propia Administración”.

 

La Sentencias de la misma Sala, de fecha 8 octubre de 2014 (4) y 15 de diciembre de 2014 (5), en un supuesto fáctico similar, establece de igual modo que reconocer que la Administración convocante debe prever presupuestariamente la creación de plazas como consecuencia de la ejecución de sentencia, no supone que los órganos jurisdiccionales se inmiscuyan en las potestades de dicha administración:

 

“Independientemente de la discrepancia que la recurrente sostiene respecto del Auto recurrido y del acierto o desacierto del mismo, es indudable que en él se está ejerciendo por el Tribunal a quo la función que en el art. 117.3 CE le atribuye y otra, y que al margen, de los dificultades presupuestarias que le pueda acarrear a la recurrente la decisión contenida en el Auto, en modo alguno puede atribuirse a dicha decisión el carácter de acto de oferta de empleo público, que es a lo que se refiere el art. 70 de la Ley 7/2007 , y en relación con él, en la medida que sea discernible, las facultades atribuidas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en su Estatuto de Autonomía”.

 

Definitivamente, a tenor de estas sentencias, parece que estamos ante una nueva vía para salvaguardar los derechos adquiridos por los opositores aprobados de buena fe, ello queda constatado en la recientísima sentencia de 24 noviembre de 2014, en la que recuerda el criterio comentado en nuestra anterior entrada, sobre no afectar a situaciones ya consolidadas. Sobre este extremo, reproduce el alcance de la sentencia de instancia:

 

“[…] en el sentido de que la misma, en la medida de lo posible, no afectará a las situaciones consolidadas del resto de participantes que superaron el proceso selectivo, siempre que ello sea compatible con la estimación de la pretensión rectora. De otro modo, si admitiésemos la posibilidad de que algunos de ellos puedan a la postre resultar desaprobados como consecuencia de lo dispuesto en esta sentencia, se daría lugar a un efecto desproporcionado e indeseado para tales interesados, quienes tras el transcurso de varios añostendrían la noticia de que han suspendido el proceso selectivo, habiendo seguramente perdido o desaprovechado oportunidades para presentarse en los sucesivos procesos que hayan podido convocarse por causa que no le era a ellos imputable, e incluso adoptando decisiones vitales atendiendo al primer resultado favorable”.

 

Sobre la inexistencia de creación de plazas por la jurisdicción en ejecución de sentencia, hace acopio del párrafo transcrito en las sentencias arriba mencionadas.

 

En conclusión, ya no sólo se reconocen los derechos adquiridos por los opositores de buena fe, sino que la jurisprudencia exige que la Administración prevea presupuestariamente la creación de plazas suficientes para cumplir las sentencias que reconocen tanto los derechos de los opositores ya aprobados, como los de los suspensos recurrentes, que tras la retroacción de actuaciones, finalmente lleguen a ser aprobados. Sin duda alguna una solución más justa y acorde con el principio de seguridad jurídica.

 

 

Máximo Luis Barrientos Fernández

Abogado y socio fundador del despacho de abogados de León BGYC Abogados.

 

Patricia Cascallana Jaular

Licenciada en Derecho.

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search