OPOSITORES APROBADOS DE BUENA FE (III): ¿A QUIÉN BENEFICIAN LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA NULAS UNAS OPOSICIONES?

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OPOSITORES APROBADOS DE BUENA FE (III): ¿A QUIÉN BENEFICIAN LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA NULAS UNAS OPOSICIONES? (43/2015).

18/06/2015

Etiquetas:OPOSICIONES – APROBADOS DE BUENA FE – EJECUCIÓN DE SENTENCIA – TRIBUNAL SUPREMO – JURISPRUDENCIA – DERECHO ADMINISTRATIVO

 

En entradas anteriores, hemos abordado el reciente tratamiento jurisprudencial que se está dando a situación de los opositores de buena fe procesos en procesos de selección, tanto en fase declarativa, como ejecutiva.

Del análisis anterior se desprende que los órganos juzgadores cada vez son más sensibles a dar solución  que haga compatibles los derechos adquiridos por los opositores aprobados y aquellos que asisten a los opositores suspensos, por el mero hecho de ser opositores. Resulta innegable, que ninguno de los opositores tiene la obligación de soportar la nefasta actuación administrativa que ha tenido como desenlace la nulidad del proceso selectivo. Esto necesariamente nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿Implica esto que los efectos de la sentencia anulatoria deben extenderse a todos los opositores?

Desde el punto de vista estrictamente jurisprudencial, la  redacción vigente del artículo 110 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), permite que, en materia de personal al servicio de la Administración pública (además de en materias tributarias y de unidad de mercado), se extiendan los efectos de una sentencia firme a terceros, cuando ésta hubiera reconocido una situación jurídica individualizada,  siempre que se den estos requisitos:

 

“a) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.

  1. b) Que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada.
  2. c) Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en interés de ley o de revisión, este plazo se contará desde la última notificación de la resolución que ponga fin a éste.”

 

Los requisitos contemplados en las letras b) y c), no dan lugar a dudas interpretativas, ahora bien, ¿Qué debemos entender por “idéntica situación jurídica”?

 

”Identidad de situaciones”.

Esta fórmula exige que la cuestión jurídica planteada al órgano judicial sea idéntica, y no similar; y para valorar esta identidad, el juzgador deberá analizar, de un lado,  la situación en la que se encontraban los recurrentes a los que les fue estimada su pretensión y la de  aquellos que no recurrieron y sin embargo solicitan la extensión de los efectos de la sentencia; y en segundo lugar, la identidad entre pretensiones.

Parece, que analizando la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, esta identidad no se da entre aquellos que han recurrido, y aquellos que no han recurrido. Así, en la Sentencia de 16 de mayo de 2012la recurrente denuncia la vulneración del derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 en relación con el 14 CE), al no haber sido incluido en la lista de los nombramientos como resultado de las  puntuaciones acordadas en ejecución de sentencia. La Sala desestima las pretensiones de la recurrente, dando la razón a la Sentencia de instancia:

 

“Y así, si los fallos de las sentencias dictadas por la Sala de instancia reconocían el derecho de los recurrentes a que les fuera baremado un concreto mérito – servicios prestados en campañas de saneamiento ganadero -, la Administración se encontraba constitucional y legalmente obligada a llevarlo a puro y debido efecto”.

 

Por tanto, si la propia sentencia reconoce un derecho sólo a los recurrentes, es obvio entender que no se encuentran en idéntica situación aquellos que no recurren. No obstante, para entender el alcance de esta sentencia en su plenitud, resulta más clarificador el contenido de la Sentencia de instancia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el 1 junio 2011, en concreto su fundamento de Derecho tercero:

 

“En contra de lo que el recurrente alega, no es idéntica su situación en relación con las de los favorecidos por las sentencias dictadas por esta Sala y Sección, pues estos plantearon en su día recurso contencioso-administrativo frente a la resolución de 2 de diciembre de 2005 […] El señor Carlos Alberto, por el contrario, no dedujo en su día dicho recurso contencioso-administrativo, […]

En todo caso, no es igual situación que la de aquellos que soportaron la carga de impugnar en su día la resolución que les denegaba aquel reconocimiento, pues con esa impugnación revelaron su disconformidad con la baremación de sus méritos, mientras que el demandante permaneció inactivo consintiendo la puntuación otorgada, por lo que no es dable pretender ahora que le favorezcan sentencias dictadas respecto a aquellos otros que se situaron jurídicamente en distinta posición. Para que pudiera examinarse su situación tendría que haber recurrido en su momento, cosa que no hizo.”

 

“No es igual situación la de aquellos que soportan la carga de impugnar la resolución que les denegaba aquel reconocimiento, que aquellos que consienten la misma”.

Las Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2010 y 21 de enero de 2010, consideran que no cabe la extensión de efectos a aquellos aspirantes que no recurrieron la resolución administrativa que afectaba negativamente a sus intereses.

De igual modo, en su Sentencia de 3 marzo 2011, el Supremo deniega la extensión de efectos a una recurrente que lo solicitaba,  así como su inclusión en la lista de aspirantes aprobados en las pruebas, por lo que merece especial atención lo que recoge en su Fundamento de Derecho sexto. Donde expone cómo debe interpretarse la identidad de situaciones:

 

Tiene reconocido esta Sala y Sección (en sentencias de 12 de enero de 2004 ( RJ 2004, 766) , 27 de enero de 2004 . 9 , 10 , 13 y 23 de febrero de 2004 ( RJ 2004, 2233) , 25 de mayo de 2004 ( RJ 2004, 3539) , 3 de julio de 2004 , 13 de septiembre de 2004 ( RJ 2004, 5610) , 23 de diciembre de 2004 , 21 de septiembre y 26 de octubre de 2005 ( RJ 2005, 7358) , entre otras) que el artículo 110.1.a) de la Ley Jurisdiccional es terminante en cuanto exige que sean, no semejantes, ni parecidas, similares o análogas, sino idénticas las situaciones respecto de las que se pretende la extensión de efectos de la sentencia. Por tanto, es preciso operar con extremo cuidado a la hora de comprobar si existe o no esa identidad y tal requisito debe entenderse en sentido sustancial. Es decir, la Ley de la Jurisdicción está pidiendo que sean las mismas las circunstancias de hecho y las pretensiones jurídicas que sobre ellas se fundamentan en un caso y en el otro, pues lo único que estamos haciendo es cumplir lo que en dicho precepto, concretamente, en su apartado 1 a) se establece: que sólo cabe esa extensión cuando las situaciones jurídicas sean idénticas.

 

En consecuencia, acreditada la no concurrencia del requisito de la plena identidad de situaciones jurídicas entre la solicitante de la extensión de efectos y las funcionarias favorecidas por la sentencia […], al consentir una resolución administrativa que afectaba negativamente a sus intereses y que no recurrió, por lo que ahora denuncia unas infracciones jurídicas que debió hacer valer a través del correspondiente recurso contencioso-administrativo”.

 

“Ley Jurisdiccional es terminante en cuanto exige que sean, no semejantes, ni parecidas, similares o análogas, sino idénticas”.

En conclusión, cabe admitir que no cabe extender los efectos de una sentencia anulatoria, a todos los opositores, sino sólo aquellos que han tenido que soportar los costes, tanto económicos como, en ocasiones, personales; de acudir a la vía judicial; y es que parece lógico que no debe hacerse una interpretación extensiva del principio de igualdad para beneficiar a aquellos que, estando en la sombra sin arriesgarse, esperan salir favorecidos de una resolución que puede afectar positivamente a sus intereses.

Quizá, por ello, para evitar este tipo de incidentes en ejecución de sentencia y  postergar la incertidumbre sobre a quienes se debe afectar el fallo de la sentencia; el Supremo ya está introduciendo en sus fallos la mención expresa de que sólo se consideren a los recurrentes, como sucede en la ya comentada Sentencia del Tribunal Supremo del 18 de enero del 2012, cuando dice:

 

“Consiguientemente, la estimación tiene que ser para que se declare aptos a los recurrentes en el segundo ejercicio y se les convoque a la prueba médica; y para que si el resultado de esta última arroja para ellos la calificación de aptos, se les otorgue la calificación final de la oposición que les corresponda según la suma de las puntuaciones del primer ejercicio en los términos que establecen las bases de la convocatoria y, en su caso, si por su puntuación les corresponde, sean incluidos en la relación definitiva de aspirantes que han aprobado la oposición en el lugar que les corresponda.”

 

Por tanto, para no dejar lugar a dudas, sólo reconoce los efectos de la sentencia a los recurrentes, y no al resto de opositores suspendidos en el ejercicio impugnado, por consentir y no impugnar el resultado de la prueba.

 

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Máximo Luis Barrientos Fernández

Abogado y socio fundador del despacho de abogados de León BGYC Abogados.

 

Patricia Cascallana Jaular

Licenciada en Derecho.

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