PARTICIPACIONES PREFERENTES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y CLÁUSULAS SUELO. Una de cal y otra de arena.

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25/07/2016

Etiquetas:  PREFERENTES – OBLIGACIONES SUBORDINADAS – CLÁUSULA SUELO – AUDIENCIA PROVINCIAL LEÓN – SENTENCIA PLENO JURISDICCIONAL – SEGUNDA OPORTUNIDAD – CANJE VOLUNTARIO – RENUNCIA CANJE – RENUNCIA ACTA NOTARIAL – INFORME ABOGADO GENERAL – RETROACTIVIDAD

Recientemente se han producido dos noticias dispares relacionadas con clientes y usuarios afectados por productos bancarios. Una de ellas, por la expectación y esperanzas generadas ha causado decepción y supuesto un jarro de agua fría. Nos referimos a la publicación del Dictamen del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), contrario a que las entidades bancarias españolas que instrumentaron en los prestamos hipotecarios las denominadas cláusulas suelo y que se están viendo por esta razón demandadas y condenadas mayoritariamente por los juzgados y tribunales, devuelvan los intereses percibidos desde la fecha de la suscripción.

Debemos recordar, que la cláusula suelo, que es la que establece el mínimo a pagar en las cuotas de un préstamo hipotecario aunque los intereses de referencia sean menores, es un instrumento financiero lícito y que viene utilizándose en la práctica bancaria desde hace más de treinta años.

Estas cláusulas fueron consideradas nulas por nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia del 9 de mayo de 2013, por falta de transparencia en el momento de la firma del contrato; Sentencia que generó polémica al moderar la retroactividad, limitando sus efectos en cuanto a la devolución de los intereses abonados a la fecha de 9 de mayo de 2013, sin que afecte a las cantidades abonadas con anterioridad.

No todos los juzgados aceptaron la resolución del Tribunal Supremo. Un sector de ellos entendió que no era posible esa limitación en el tiempo y se han producido discrepancias. La limitación de los efectos retroactivos se cuestionó ante el TJUE, entendiendo que era contraria a la normativa del Consejo.

La expectativa creada en favor de la retroactividad plena fue propiciada por el hecho de que el informe de la Comisión fue favorable a la retroactividad absoluta y que la Jurisprudencia precedente del TJUE era favorable a la devolución de las cantidades abonadas de más, desde la firma de la hipoteca.

A la vista de los intereses en juego, el propio Tribunal Supremo decidió aplazar la resolución definitiva de los asuntos pendientes hasta que se dicte sentencia por el TJUE.

Las entidades bancarias sometidas a procedimientos judiciales por las cláusulas suelo, ante la recomendación de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo, habían provisionado ya, ante el impacto que podía suponer una sentencia contraria a sus intereses, un importe que, según distintas estimaciones, varía entre 3.000 y 7.600 millones de euros.

En esta tesitura se publica el Dictamen Preliminar del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Paolo Mengozzi, que viene a dar la razón al Tribunal Supremo al proponer que se declare que la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de la cláusula suelo, incluida en los préstamos hipotecarios en España, es compatible con la normativa europea (Directiva 93/13/CEE del Consejo Europeo).

El Abogado General considera que, por excepción, las repercusiones macroeconómicas “sobre el sistema bancario de un Estado miembro que ya se encontraba debilitado”, asociadas a la amplitud con que se utilizaron las cláusulas suelo en España, puede justificar la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva, sin que se rompa el equilibrio en la relación existente entre el consumidor y el profesional.

Este Dictamen ha decepcionado a los clientes y defensores de los usuarios afectados, al considerar que el alegato de las repercusiones macroeconómicas no es razón para no aplicar los efectos jurídicos propios de un contrato declarado nulo y se podría abrir un peligroso precedente de desprotección de la seguridad jurídica del consumidor, por la simple razón de que se estaría protegiendo en definitiva a quien infringe de manera masiva.

Sin embargo, desde otros sectores económicos el Dictamen ha sido bien recibido, al entender que si se produce una sentencia en el sentido propuesto por el Abogado General, aquellas provisiones pueden ser utilizadas o movilizadas para operaciones de fusión pendientes o necesarias en el sector bancario y de incentivación de la economía.

Cabe destacar que, aunque el Dictamen no es vinculante, es un referente muy importante, ya que el TJUE suele respaldar la propuesta del Abogado General. En definitiva, este informe no pone fin a la incertidumbre que ha generado, ya que cabe que el Tribunal resuelva en otro sentido y, hasta que se dicte la Sentencia, sobre finales de año, es preferible actuar jurídicamente con cautela, desde un enfoque conservador.

La segunda noticia que se ha producido, es nítidamente favorable a los afectados por participaciones preferentes y obligaciones subordinadas que acudieron voluntariamente al canje de títulos y renunciaron al ejercicio de sus acciones en acta notarial, y está representada por la sentencia dictada en pleno jurisdiccional por la Audiencia Provincial de León el pasado 27 de junio de 2016, lo que significa que tiene la finalidad de unificar criterios de cara a posteriores resoluciones en circunstancias similares a las que se han dado en este caso y crea un precedente jurídico de cara a los órganos judiciales inferiores.

No es una sentencia pionera, pero para los afectados por las preferentes y las obligaciones subordinadas comercializadas por el Banco CEISS, esta sentencia representa lo que no muchas veces encontramos en la vida: una segunda oportunidad.

Esta sentencia se centra, precisamente, en analizar jurídicamente la renuncia a las acciones judiciales y extrajudiciales de aquellos afectados que, por tratar de paliar sus pérdidas, acudieron al canje que les propuso Unicaja.

En la mayoría de los casos, estas personas que optaron por acudir al canje en vez de a los juzgados, lo hicieron muy presionadas renunciando a sus acciones, tanto judiciales como extrajudiciales, bajo el convencimiento de que ésta era su última oportunidad para, al menos, minimizar sus pérdidas. Se ha demostrado que este canje no era ninguna tabla de salvación, sino todo lo contrario, ya que estaban renunciando a sus derechos a reclamar judicialmente sobre la base de un documento preconstituído por la propia entidad y condicionado a determinados requisitos, lo que en definitiva condicionaba la renuncia.

La sentencia que analizamos concluye que la renuncia de acciones, que hicieron mediante un acta notarial, no es válida, pues ni es clara ni concluyente, ni puede producir el efecto jurídico de extinguir el contrato inicial de suscripción de títulos de participaciones preferentes o de obligaciones subordinadas.

Por tanto, a estos afectados por las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas del Banco CEISS, se les abre ahora la posibilidad de poder acudir a la vía judicial para recuperar la totalidad de su inversión.

La Audiencia Provincial de León, como anteriormente la de Zamora, ha dado un paso adelante al aplicar la Doctrina Jurisprudencial que emana del Tribunal Supremo que, en este sentido, también podemos decir que está siendo valiente, al establecer un criterio interpretativo necesario en el ámbito de la contratación bancaria relativa a productos financieros de diversa índole, que tienen en común su complejidad y alto riesgo de pérdida de la inversión inicial. Se persigue así reestablecer el equilibrio en las contraprestaciones de las partes, en aras de que los usuarios reciban información completa, leal y objetiva por parte de las entidades bancarias.

Y aunque la sentencia no es firme y cabe que, frente a ella, se interponga Recurso de Casación, dado que el plazo para acudir a la vía judicial finaliza a mediados de mayo de 2017, parece aconsejable agotar esta segunda oportunidad, para poder recuperar la totalidad de la inversión realizada, tomando en consideración los criterios emanados del propio Tribunal Supremo, que han aplicado las Sentencias de la Audiencias Provinciales.

 

Manuel_H._Castro_González

Manuel H. Castro González 

Abogado y socio fundador del despacho de abogados de León BGYC Abogados SLP.

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