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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INDEFINIDOS NO FIJOS, FUNCIONARIOS INTERINOS Y PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INDEFINIDOS NO FIJOS, FUNCIONARIOS INTERINOS Y PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

 

ETIQUETAS: Derecho administrativo. Derecho Laboral. Indefinidos no fijos. Funcionarios interinos. Estatutarios interinos. Ofertas de empleo público. Procesos de consolidación empleo temporal. Pruebas restringidas.

 

Dicen que son más de 700.000 empleados. Seguramente; no lo discuto. Es una cifra mareante. Y detrás de esa cifra hay miles de familias, en estos momentos, con cierta desazón e inseguridad.

Es un problema que siempre ha existido. Pero la magnitud alcanzada tiene sus inicios al principio de los años 90, hasta el punto que a finales de esa década la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dio entrada a la figura de la relación laboral indefinida no fija, muy criticada por algunos sectores de la doctrina, pero que al menos facilitó, con valentía, cierta seguridad al colectivo, dentro de la precariedad. Ha sido el Tribunal Supremo, el que con la ayuda y matización del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido perfilando sus caracteres.

Diferente camino han seguido los funcionarios interinos. Puedo afirmar que, incluso, en comparación con el personal laboral indefinido no fijo, se encuentran menos protegidos, por aquello de que el orden jurisdiccional contencioso administrativo tiene como punto de referencia al funcionario de carrera, a mi modo de ver, de forma desacertada, pues no pueden compararse las situaciones de temporalidad y de permanencia o inmovilidad, al mismo tiempo. Menos mal que disponemos del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, para intentar que el interino se mantenga hasta que las plazas figuren en las ofertas de empleo público y se realicen las convocatorias y pruebas selectivas.

Pues resulta que para “la peña” corren tiempos de nerviosismo e intranquilidad. Y no me extraña. Todo apuntaba a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea iba a resolver el problema. Así se vaticinaba con las sentencias dictadas desde el año 2014, y principalmente las tres sentencias de 14 de septiembre de 2016. Pero el panorama ha cambiado y se ha puesto freno al intento de solución, al menos eso parece desde la sentencia de 05 de junio de 2018 (YA VEREMOS).

Durante años la tasa de reposición ha impedido las ofertas de empleo, a mi juico de forma artificiosa, porque no sé donde está el peligro del gasto, cuando son plazas ocupadas por empleados públicos temporales que cobran como “todo hijo de vecino”. Antes de la tasa de reposición, fue la desidia, la complejidad de los procesos selectivos, la consideración de la clase política que los funcionarios es una clase llena de privilegios, intocables, dando lugar a la contratación masiva de personal laboral que después se convirtió en indefinidos no fijos, en muchos casos por resolución judicial y, en otros, por decisión interna de la Administración correspondiente -eso no está permitido ahora expresamente por las Leyes de Presupuestos-. Lo cierto es que hay miles de empleados de esos más de 700.000 que llevan más de 20 años prestando servicios. Y la mayoría entre 10 y 20 años de prestación ininterrumpida. Ciertamente han dedicado los mejores años de su vida a la Administración, entrando en la mayoría de los casos, jóvenes, cuando tenían preparación para acceder a plazas que deberían haber sido convocadas, y se han convertido en personas de edad adulta, en su mayoría con familia, y sólo pensar que tienen que pasar ahora por estudios de temarios, exámenes y resultados, les produce en la mayoría de los casos verdadero pánico. Ya no tienen las mismas facultades. Hay edad para cada cosa. Y sus situaciones ya no son como las de hace años que estaban acostumbrados al estudio y con menos cargas que se van asumiendo con el tiempo.

En fin, que por mor de la Ley de Presupuestos de 2017, van apareciendo ofertas de empleo y procesos de consolidación de empleo que crean inseguridad, porque ya no es sólo que personas que están accediendo al mercado laboral y en edad para el estudio puedan presentarse por el turno libre, sino que afecta a todos los empleados públicos temporales que perfectamente pueden presentarse en las diversas convocatorias viendo que su puesto de trabajo peligra. Parece hora de afilar los cuchillos, porque si no se prevé el problema y se adoptan medidas, esto se puede convertir en una guerra de empleados públicos.

Sobre el particular, y en relación con esta situación tan calamitosa, donde por cierto el culpable no es el empleado publico temporal, sin duda es la víctima, comento:

  1. Todo apunta a que al menos a corto plazo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no va a solucionar este problema.
  2. El Tribunal Constitucional en sentencias como la  27/1991 y 16/1998  entre otras, estableció que aunque las pruebas restringidas han de considerarse un procedimiento proscrito por el artículo 23.2 CE, no cabe excluir que en determinados casos por Ley -norma con rango de Ley- y en una situación excepcional justificada, se habilitasen pruebas restringidas, que ciertamente refieren una diferencia de trato en favor de unos y en perjuicios de otros, lo cual dentro de esa excepcionalidad, puede considerarse como razonable, proporcionada y no arbitraria.  Pero de momento el legislador no se ha atrevido, no ha querido o no lo considera, lo que a mi modo de ver es un error, porque es un problema irresoluble. La temporalidad en la Administración sigue creciendo y además prima la hipocresía porque se sacan a turno libre dando esperanzas a los opositores desempleados cuando resulta que lo que se pretende es que los empleados temporales que ocupan las plazas lo consigan de forma definitiva, acabando con la precariedad. Para mí las pruebas restringidas hubieran sido la solución, porque estamos en una situación excepcional en la que hay que dar solución a las situaciones de abusos generadas, en muchísimos, muchísimos casos e impedir que el empleo temporal y precario continúe creciendo, tramitando al mismo tiempo una reforma penal que parece que es lo único que entendemos, donde se tipifique con claridad y contundencia las contrataciones en las Administraciones Públicas fuera del marco permitido.
  3. Pero como eso no ha sido posible hasta el momento, nos quedan los procesos de consolidación de empleo temporal que, aunque insuficientes para resolver el problema, pueden solucionar en algunos casos la situación indefinida de temporalidad.

Con relación a estos procesos parece que un halo de esperanza ha dado recientemente el CENDOJ al publicar la sentencia del TSJ de la CA de Madrid de fecha 7 de febrero de 2019. Esta sentencia refiere una convocatoria de la Universidad Complutense de Madrid que la ha considerado ajustada a Derecho, sin votos particulares, donde se puntúa en la fase de concurso dentro del mérito de la experiencia profesional con 0,15 puntos por mes completo, hasta un máximo de 20 puntos, los servicios prestados en la Universidad Complutense de Madrid como funcionario interino de la escala Auxiliar Administrativa de la Universidad Complutense. Esta sentencia resuelve también, otra cuestión planteada con relación a la distribución de la puntuación entre la oposición y el concurso.

A mi modo de ver, es la manera de que los cuchillos se vuelvan a enfundar. De esta forma cada uno participará exclusivamente en sus puestos convocados en su propia Administración. La experiencia es y debe se un mérito que el propio Tribunal Constitucional se ha encargado de manifestar que justifica una diferencia de trato, pues uno de los pilares de la Administración es su funcionamiento eficaz, y la eficacia se ajusta como un guante a la experiencia. La interpretación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia referida, aunque seguro que será criticada, tiene su apoyo en la literalidad de la disposición transitoria 4ª del Estatuto Básico del Empleado Público referidas a las situaciones anteriores al 1 de enero de 20º5, donde expresamente se señala “experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria”. No nos rasguemos las vestiduras con esta sentencia. Al contrario, aprovechemos su valentía para solucionar un problema excepcional, y sin hipocresía.

 

06 de marzo de 2019

Máximo Luis Barrientos Fernández.

Socio fundador del despacho de abogados de León BGYC Abogados.

Abogado IC de Madrid, Oporto y León.

 

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